La Misión de Observación Electoral, al conocer el contenido de las propuestas presentadas por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que “es muy oportuno que el nuevo gobierno esté impulsando en el Congreso de la República reformas tendientes a democratizar el sistema de partidos y que fortalecen la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es importante incluir una nueva reforma que toque de fondo la arquitectura electoral. Este paquete de 6 reformas va en el camino correcto”.

Las propuestas de reforma política que entrega el Gobierno del Presidente Duque al Legislativo sugieren modificaciones a 4 artículos de la Constitución. En la primera propuesta, radicada como Acto Legislativo 09 de 2018, se plantea cerrar las listas de las corporaciones públicas al tiempo que establece que su composición debe ser paritaria; define las primarias como el mecanismo democrático y obligatorio para la selección de candidatos; impone la fusión como requisito para que las coaliciones adquieran personería jurídica; y finalmente le otorga autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal al Consejo Nacional Electoral.

La eliminación del voto preferente desestimula el clientelismo y el uso desbordado de recursos en las campañas electorales. Para pasar de listas abiertas a cerradas se requiere de mecanismos democráticos que eviten los autoritarismos al interior de los partidos. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto establece las consultas primarias como mecanismo obligatorio para la conformación de las listas y selección de candidatos.

Frente a las primarias partidistas, la MOE recomienda que no sea este el único mecanismo para la selección de candidatos y conformación de las listas aceptado en la Constitución. “Actualmente, los estatutos de los partidos contemplan una diversidad de mecanismos, también democráticos, como las convenciones,  para la selección de sus candidatos, por lo cual en la Constitución mas que privilegiarse una sola de estas opciones, debería más bien consignarse el principio de la obligatoriedad de la democracia interna. En este mismo sentido, la MOE apoya el compromiso que está demostrando el ejecutivo en torno a la igualdad de género en la representación política, y que se manifiesta a través de la integración de listas paritarias”.

Para Alejandra Barrios, Directora de la MOE “si ya se están haciendo modificaciones al artículo 107 de la Constitución, es oportuno entonces incluir dentro de los temas de responsabilidad política de los partidos, que estos sean también sancionados por avalar candidatos condenados por delitos contra la administración pública. Hoy en Colombia la corrupción no genera castigo a los partidos políticos”.

De igual manera, la Directora señaló que se requiere “pasar de un régimen de responsabilidad meramente enunciativo a uno realmente eficaz, en el que las organizaciones políticas sean llamadas a responder por los hechos cometidos por sus candidatos avalados en ejercicio del cargo, sin importar el tiempo en el cual quede en firme la condena”. Actualmente, señaló Barrios, el régimen de responsabilidad política de los partidos contemplado en el artículo 107 de la Constitución es un canto a la bandera, pura ficción, pues no hay la más mínima posibilidad que un Congresista tenga una condena en firme durante el periodo en el que fue elegido.

En cuanto a las coaliciones, la propuesta presentada por el gobierno entiende la coalición como un paso previo a la fusión entre partidos.  Sin embargo, este no es el espíritu original con el que se le dio vida a esta figura, que era la de garantizar la existencia de partidos minoritarios. Al fusionar estas organizaciones se deja a un lado temas de necesaria reglamentación para los partidos coaligados tales como, la responsabilidad política, la financiación para el funcionamiento y el régimen de bancadas, entre otros. Por ello la MOE señala que “antes de proceder a aceptar la propuesta presentada por el Ministerio del Interior es necesario abrir el debate sobre el alcance de las coaliciones para cargos a corporaciones públicas”.

Para la MOE, es fundamental que, al paquete de reformas presentados, el gobierno nacional adiciones uno que haga referencia a la conformación y funciones del Consejo Nacional Electoral. Barrios señaló que se “pueden aprobar todas las reformas al sistema de partidos que el gobierno presentó al Congreso, pero si no se modifica el origen y carácter de la autoridad electoral, es decir, si no se hace una reforma de fondo a la arquitectura electoral, persistirán y se profundizarán las actuales debilidades de nuestro sistema electoral”.

A continuación, enfatizó en que “se requiere de una autoridad electoral independiente de los partidos políticos para que de esta manera se pueda brindar garantías a todos por igual; con presencia territorial, capacidad real de gobierno de las elecciones; así como la fortaleza técnica para investigar y la probidad necesaria para administrar justicia”.  

La segunda propuesta de reforma política es el Acto legislativo 074 de 2018, en el que se limita a tres periodos la reelección a los cuerpos colegiados. “Esta decisión, no solo garantiza la renovación de los liderazgos políticos, sino que también genera obstáculos a la creación y mantenimiento en el tiempo de las estructuras clientelistas del orden nacional y local”

Frente a los proyectos anticorrupción la MOE señaló que “el gobierno del presidente Duque da un paso importante para cerrarle el camino a la relación perversa entre política, dinero y contratos”.

Para la Misión de Observación Electoral resulta fundamental acabar el circulo vicioso entre elecciones, políticos y contratistas; por eso aplaude el hecho que se hayan presentado los proyectos que tienen por objetivo crear los pliegos tipo en toda licitación pública y eliminar el carácter de información reservada a la declaración de renta de los servidores públicos. Frente al tercer proyecto, hacer imprescriptible los delitos contra la administración pública, la MOE recomienda que esta medida se analice e implemente a la luz de la jurisprudencia actual de las Cortes.

“La corrupción en la política es uno de los principales problemas del país; hace una década los nexos entre actores ilegales y políticos eran la principal preocupación que teníamos, hoy, 10 años después, el problema es otro, las redes corruptas conformadas por políticos y contratistas han logrado construir empresas criminales que han tenido como objetivo ganar elecciones, robar recursos públicos y lograr reducir su exposición penal comprando impunidad. Es urgente acabar con este fenómeno” concluyó la MOE

En relación con la Consulta Anticorrupción, la MOE manifestó que el paquete legislativo presentado por el presidente Duque no riñe con esta iniciativa, por el contrario, la complementa. Los proyectos del gobierno entrante no incluyen la totalidad de las preguntas de la Consulta Anticorrupción, si bien desarrollan alguno de sus puntos, la Consulta sigue siendo un mecanismo válido, democrático que debe respetarse hasta el final. “La Consulta Anticorrupción fue apoyada por más de 4 millones de personas y avalada en el Senado por mayoría absoluta, el gobierno nacional y las autoridades electorales deben dar todas las garantías para el buen desarrollo de la misma” señaló esta organización.